La CE lanza la campaña del Lazo Blanco en rechazo al maltrato

CARLOS YÁRNOZ, Bruselas
Anna Diamontopoulou, la comisaria europea encargada de Empleo y Asuntos Sociales, ha enviado una carta a los jefes de Gobierno de los 15 países de la Unión en la que les pide que pongan en marcha los cambios necesarios para que los malos tratos a las mujeres sean castigados como delito en todos los códigos penales. Diamantopoulou fue ayer la encargada de lanzar en Bruselas la campaña del Lazo Blanco contra la violencia doméstica.

"Una de cada cinco mujeres europeas ha sufrido malos tratos alguna vez en su vida y, a nivel mundial, la violencia contra las mujeres de entre 15 y 44 años provoca más muertes y más casos de invalidez que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o las guerras", recuerda la comisaria europea en su carta a los jefes de Gobierno.

Diamantopoulou, quien pidió a todos los dirigentes políticos que lleven el lazo blanco el próximo 25, el Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres, aseguró ayer en Bruselas que en la mitad de los países de la UE las respectivas legislaciones no definen claramente como delito la violencia doméstica contra las mujeres, por lo que en su carta exige que se aborden reformas sin dilación y que se fomente una movilización social contra los malos tratos.

"Los jefes de Gobierno", dice en la carta, "podrían desempeñar el papel más importante en este terreno acometiendo ese objetivo como un asunto de máxima prioridad". "Queremos que los jefes de Estado y de Gobierno analicen este drama al más alto nivel", comentó la comisaria.

La misiva va firmada también por la sueca Maj-Britt Theorin, presidenta del Comité para los Derechos y la Igualdad de Oportunidades de la Mujer, y por la francesa Nicole Pery, secretaria de Estado para los Derechos de la Mujer. La violencia doméstica, se añade en la carta, "es el mayor problema que afecta a nuestra vida política y económica y destruye el tejido social de nuestra sociedad".

No son asuntos privados El mensaje a los jefes de Gobierno fue presentado ayer en Bruselas en el mismo acto en el que la Comisión Europea lanzó la campaña del Lazo Blanco, diseñada el año pasado. Entre sus objetivos, además de los cambios legislativos, figura la concienciación ciudadana ante la violencia doméstica, y especialmente entre los profesionales de la sanidad, la justicia y la policía, con el objeto de que ningún caso de malos tratos a mujeres sea silenciado.

"Son, sobre todo, los políticos los responsables de que este problema salga de la esfera privada, porque no se trata de asuntos privados: son delitos", insistió Maj-Britt Theorin, quien aportó otro dato escalofriante: entre el 15% y el 20% de las embarazadas en el mundo han sido apaleadas.

"Imaginemos una plaga que afectara a una quinta parte de la población europea y que causara muchas muertes y daños crónicos graves. Pues bien, la plaga que describo es tan vieja como la humanidad y nunca ha recibido el tratamiento adecuado", declaró Theorin.

Ni Diamantopoulou ni Theorin quisieron referirse a la situación concreta de los países europeos con el argumento de que no se realizan estadísticas con parámetros similares en toda la UE. Sí comentaron, sin embargo, que Holanda gasta anualmente 150 millones de euros a consecuencia de los malos tratos o que el 52% de las mujeres portuguesas asegura haber sufrido algún tipo de violencia doméstica, física o psíquica.

Según un estudio realizado por las Naciones Unidas, entre el 25% y el 75% de las mujeres de todo el mundo, porcentaje que varía sensiblemente de unos países a otros, son golpeadas periódicamente.

El Ayuntamiento granadino avisa a las empresas si tienen empleados maltratadores

FRANCISCO J. TITOS, Granada
La medida implantada por el Ayuntamiento de Granada de comunicar las fechorías de un maltratador de mujeres a la dirección de la empresa en la que trabaja comienza a dar buenos resultados. Desde el pasado febrero, mes en que aprobó esta original iniciativa, el Consistorio ha puesto en conocimiento de sus respectivas empresas las agresiones y amenazas de muerte a las que dos empleados sometieron a su pareja. "El temor a perder su puesto de trabajo hizo reaccionar bien a ambos hombres, que aceptaron una solución pacífica y dialogada y las mujeres retiraron las denuncias contra ellos", explicó ayer la concejal de la Mujer, la socialista Asunción Jódar.

Las autoridades municipales granadinas sólo toman esta medida en casos graves de violencia doméstica en los que la víctima ha presentado una denuncia penal. "El Ayuntamiento se querella entonces también contra el agresor y comunica la existencia de la denuncia a la firma en la que trabaja", señala la edil.

La comunicación se realiza "de forma discreta, pero firme". En ambos casos, la dirección "llamó la atención" a sus empleados. Uno de ellos es funcionario de la Administración pública. Jódar aseguró que la medida "sirve de lección al agresor, que ve peligrar su trabajo y el prestigio profesional y personal que suele tener".

El Ayuntamiento seguirá adelante con esta actuación, que considera "más acertada y menos morbosa" que la propuesta por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, de hacer público el nombre de los hombres que maltratan a sus mujeres.

© Copyright DIARIO EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid
digital@elpais.es | publicidad@elpais.es